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Historia Archivo
La tradición archivística de nuestro país y a la de nuestro estado que tuvo origen en la iniciativa del virrey segundo conde de Revillagigedo cuando el día 27 de marzo de 1790 solicitó al ministro de gracia y justicia de España la creación de un archivo general para la nueva España, así como la respuesta recibida dos años después con la autorización para que se estableciera lo que bien podemos considerar como uno de los primeros antecedentes del archivo general de la nación.
El mencionado mandatario del virreinato definió, desde aquella época a los archivos, como centros de información de gran utilidad para la toma de decisiones correctas del gobierno y para el conocimiento de la historia. En nuestra región, al constituirse en el año de 1718 el primer cuerpo administrativo de la villa, con la denominación de “cabildo, justicia y regimiento, de la villa de san Felipe el Real”, se integró el primer ayuntamiento de que se tiene historia, con dos alcaldes, seis regidores, un síndico procurador y un escribano real y de cabildo; este último era un fedatario que entre sus funciones tenia la de autorizar, compilar, organizar y custodiar los documentos que se producían en las dependencias oficiales de la naciente entidad, es decir en tareas propias de la archivística; gracias a la acción de ellos, el archivo histórico del municipio de chihuahua ha podido conservar más de 8000 expedientes, correspondientes a la época del virreinato.
Uno de estos expedientes corresponde precisamente al inventario de la villa en el año de 1746, otro al corregidor don Antonio Gutiérrez de noriega en el que dicho funcionario afirma que había consultado los archivos de santa Eulalia y de la villa, en el año de 1752; otro más, del mismo año, firmado por el virrey Revillagigedo, referente a la integración del gabinete real de historia natural de la minería, asi como los que se refieren a las ordenanzas del año 1792, que sirvieron para el establecimiento de los archivos de los cabildos y de otras instituciones oficiales.
Al concluir la época virreinal surgieron, por ordenamiento del congreso general, las provincias de chihuahua y Durango en el año de 1823 y en el siguiente el nacimiento de nuestro estado, por decreto del 6 de julio de 1824, procurándose, desde luego, la conservación del acervo documental pero, 23 años después, fue necesario el traslado de dicho acervo al poblado de hidalgo del parral, con motivo de la intervención del ejército estadounidense cuyos elementos tomaron nuestra ciudad en los años de 1847 y 1848. Después, de 1864 a 1866, el acervo archivístico de chihuahua volvió a sufrir la misma suerte, debido a la intervención de los elementos leales al ejército francés.
El archivo histórico del municipio de chihuahua conserva un ejemplar original del reglamento del archivo del estado correspondiente al año de 1906 y un oficio del año de 1909 en que se establecieron las normas para la organización de un archivo que incluiría los acervos de los diversos municipios.
También se cuenta con información referente a la participación del historiador ilustre, don josé maría ponce de león, en la organización del archivo del estado de chihuahua durante los primeros años del siglo xx, así como de la destrucción de dichos documentos en los años de 1941 y 1955 debido a los incendios del palacio de gobierno y del teatro de los héroes.
Durante muchos años, seguramente por razones de orden económico y por el poco interés en la conservación de la memoria histórica de chihuahua, los documentos archivísticos del municipio permanecieron en el sótano del palacio municipal en condiciones de abandono, habiéndose contado, solamente durante 4 años, con el interés y los cuidados que el señor don Baltazar carrasco vargas dedicó al archivo sin contar con el mínimo recurso.
Fue hasta el año de 1975, cuando un alcalde municipal, el licenciado Oscar Ornelas k., pidió al presidente de la sociedad chihuahuense de estudios históricos, profesor Pedro Gómez Ornelas, que estudiara el multicitado acervo documental y le presentara una evaluación al respecto.
Años después, en 1977, al constituirse el registro nacional de archivos, por parte del archivo general de la nación, se lograron los vínculos institucionales con los archivos municipales, habiéndose elaborado el primer diagnóstico de los archivos de las municipalidades de México. al mismo tiempo se precisaron y se dieron a conocer los elementos básicos de los procesos técnicos para la organización documental, así como lo relativo al asesoramiento respecto a los edificios de archivos y a la elaboración de un registro minucioso de la información que se resguardaba en repositorios de ayuntamientos y parroquias.
En el siguiente año 1978, el archivo general de la nación determinó, de manera puntual, el rescate de los archivos municipales iniciando su proyecto con un censo nacional de archivos el cual puso en claro las condiciones de abandono y miseria de los archivos y la destrucción de muchos de ellos.
nuevamente, entre los años de 1983 y 1984, se llevó a cabo un programa municipal para modernizar los servicios documentales, mientras el archivo general de la nación ponía a prueba un proyecto que se denominó, “vamos a levantar nuestra historia del suelo”, el cual tuvo como eje principal la recuperación y la organización de los acervos que en la década anterior no se habían rescatado.
como resultado de dicho proyecto, entre 1983 y 1993, catorce estados de la república fueron beneficiarios del programa que se menciona, entre estos: Aguascalientes, Coahuila, nuevo león, sonora, Sinaloa y chihuahua, por citar algunos.
Posteriormente, el archivo general de la nación llevó a cabo otras acciones en coordinación con diversos organismos de apoyo como fue, por ejemplo, el programa, “memorias del mundo”, de la UNESCO; la constitución del fideicomiso “preservación de la memoria de México”.
Es importante destacar que la organización del archivo histórico del municipio de chihuahua se debe, principalmente, a la doctora Estella María González Cicero; la mencionada doctora González Cicero, tiempo después, tomó a su cargo la dirección del archivo general de la nación.
Y que para llegar a lo que es actualmente, contó con el apoyo, en las diversas épocas, de los ayuntamientos a partir del que presidió el señor don luis h. Álvarez y con la participación, en la organización y el servicio de consulta, de los distinguidos funcionarios, Alfonso Escárcega, Zacarías Márquez y Raymundo palacios, los tres ya fallecidos.
Actualmente el archivo municipal cuenta con más de 34,276 expedientes distribuidos en los fondos: colonial, independencia, invasión norteamericana, reforma e intervención francesa, república restaurada, porfiriato y terrorismo, revolución, reconstrucción, cardenismo y contemporáneo.
Por muchos años el estado de chihuahua careció de un instrumento jurídico que regulara, en lo general, la administración de documentos públicos y que estableciera las normas de planeación, dirección, control, producción, circulación, conservación y uso de la información documental. por ese motivo la legislatura local expidió, el 19 de julio de 1997, la ley general del sistema de documentación e información pública del estado de chihuahua, la cual fue derogado al promulgarse la ley estatal de archivos del año 2013 y esta a la vez con la expedición de la ley actual de archivos para el estado de chihuahua publicada en el periódico oficial del día 27 de febrero del año 2021.
La primera ley general de archivos fue promulgada por el congreso de la unión el día 23 de enero del año 2012 habiéndose incluido en ella temas relativos a la organización y a la gestión, a la vez que se precisaban en su campo dos aspectos: el histórico y el relacionado con la transparencia y con la rendición de cuentas como elementos fundamentales en una democracia abierta.
Es de reconocerse que este aspecto de la administración pública recibió gran impulso a raíz de la declaración universal de archivos, adoptada en la 36° sesión de la conferencia general de la UNESCO del día 10 de noviembre del año 2011, la cual concedió a los archivos el carácter de patrimonio cultural y el de memoria del mundo; seguramente dichos acuerdos influyeron de alguna manera para que la cámara de diputados expidiera después, en el año 2018, la nueva ley general de archivos con el propósito primordial de garantizar la organización y la preservación de los archivos consolidando con ello el respeto a la verdad y el acceso a la información pública, así como fomentando el conocimiento del patrimonio documental de la nación, promulgando a la vez el derecho a la cultura.
Sobresalieron en esta ley los principios del proceso de homogenización de los archivos de los sujetos obligados y la creación de organismos responsables, como el consejo nacional de archivos de la nación y la institución del sistema nacional de archivos.
El nuevo proyecto también incluyó conceptos que empezaron a teorizarse como el de gobernanza, considerado como un reflejo de las democracias con características de transparencia y como procedimiento en el buen manejo de los gobiernos en las relaciones horizontales de una pluralidad de autores públicos y privados y de una relación de integración y de interdependencia acorde con las propuestas de las naciones unidas en la alianza para el gobierno abierto y en la carta internacional de gobiernos abiertos.
Queda muy claro que con base en todo esto la ley general de archivos asumió la responsabilidad de ser garante del principio de transparencia, al conciderar que toda información de documentos de archivo en posesión de sujetos obligados sería pública y accesible a cualquier persona en los temas de la ley de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, agregando que dicha práctica se otorgaría sin discriminación alguna.
Definitivamente el derecho a la información fue considerado por la ley de archivos como parte integral de los gobiernos democráticos y dio respuesta objetiva y real a la necesidad social e histórica del pueblo mexicano de preservar su memoria colectiva a través de los archivos, convirtiéndose de esta manera en garantía de la gobernanza y de la construcción de gobiernos abiertos como eje estratégico en la toma de decisiones.
Tres años antes de haberse creado la ley de transparencia estaba en vigor, en el estado de chihuahua, la ley de archivos que había expedido la legislatura local en el año del 2013, la cual fue abrogada para dar paso a la nueva ley del año 2021, a los tres años de haberse creado la ley de transparencia.
