Los antecedentes de nuestra memoria documental
La tradición archivística de nuestro país y de nuestro estado tiene un antecedente en la iniciativa del virrey segundo conde de Revillagigedo, quien el 27 de marzo de 1790 solicitó al ministro de Gracia y Justicia de España la creación de un archivo general para la Nueva España. Dos años después recibió la autorización para establecer lo que podemos considerar como uno de los primeros antecedentes del Archivo General de la Nación.
El mencionado mandatario del virreinato definió, desde aquella época, a los archivos como centros de información de gran utilidad para la toma de decisiones correctas del gobierno y para el conocimiento de la historia.
El cabildo y los documentos del virreinato
En nuestra región, al constituirse en 1718 el primer cuerpo administrativo de la villa, con la denominación de “Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de San Felipe el Real”, se integró el primer ayuntamiento del que se tiene historia. Estaba conformado por dos alcaldes, seis regidores, un síndico procurador y un escribano real y de cabildo.
Este último era un fedatario que tenía entre sus funciones autorizar, compilar, organizar y custodiar los documentos producidos en las dependencias oficiales de la naciente entidad; es decir, realizaba tareas propias de la archivística. Gracias a esta labor, el Archivo Histórico del Municipio de Chihuahua ha podido conservar más de 8,000 expedientes correspondientes a la época del virreinato.
Uno de estos expedientes corresponde al inventario de la villa de 1746. Otro pertenece al corregidor don Antonio Gutiérrez de Noriega, quien afirmó haber consultado los archivos de Santa Eulalia y de la villa en 1752.
También se conserva otro documento del mismo año, firmado por el virrey Revillagigedo, referente a la integración del Gabinete Real de Historia Natural de la Minería, así como documentos relacionados con las ordenanzas de 1792, que sirvieron para el establecimiento de los archivos de los cabildos y de otras instituciones oficiales.
La conservación del acervo durante el siglo XIX
Al concluir la época virreinal surgieron, por ordenamiento del Congreso General, las provincias de Chihuahua y Durango en 1823. Al año siguiente nació nuestro estado, por decreto del 6 de julio de 1824, procurándose desde entonces la conservación del acervo documental. Sin embargo, 23 años después fue necesario trasladar dicho acervo a Hidalgo del Parral, con motivo de la intervención del ejército estadounidense, cuyos elementos tomaron nuestra ciudad en 1847 y 1848.
Después, de 1864 a 1866, el acervo archivístico de Chihuahua volvió a sufrir la misma suerte debido a la intervención de los elementos leales al ejército francés.
Organización, pérdidas y rescate del archivo
El Archivo Histórico del Municipio de Chihuahua conserva un ejemplar original del Reglamento del Archivo del Estado correspondiente a 1906 y un oficio de 1909 en el que se establecieron las normas para organizar un archivo que incluiría los acervos de los diversos municipios.
También se cuenta con información sobre la participación del ilustre historiador don José María Ponce de León en la organización del Archivo del Estado de Chihuahua durante los primeros años del siglo XX, así como sobre la destrucción de dichos documentos en 1941 y 1955, debido a los incendios del Palacio de Gobierno y del Teatro de los Héroes.
Durante muchos años, seguramente por razones de orden económico y por el poco interés en conservar la memoria histórica de Chihuahua, los documentos archivísticos del municipio permanecieron en el sótano del Palacio Municipal en condiciones de abandono.
Solamente durante cuatro años se contó con el interés y los cuidados que el señor don Baltazar Carrasco Vargas dedicó al archivo, sin contar con el mínimo recurso.
Fue hasta 1975 cuando el alcalde municipal, licenciado Óscar Ornelas K., pidió al presidente de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, profesor Pedro Gómez Ornelas, que estudiara el acervo documental y presentara una evaluación al respecto.
Los programas de recuperación documental
En 1977, al constituirse el Registro Nacional de Archivos por parte del Archivo General de la Nación, se lograron vínculos institucionales con los archivos municipales y se elaboró el primer diagnóstico de los archivos de las municipalidades de México.
Al mismo tiempo se precisaron y dieron a conocer los elementos básicos de los procesos técnicos para la organización documental. También se brindó asesoramiento sobre los edificios de archivos y la elaboración de un registro minucioso de la información resguardada en repositorios de ayuntamientos y parroquias.
En 1978, el Archivo General de la Nación determinó de manera puntual el rescate de los archivos municipales, iniciando su proyecto con un censo nacional de archivos. Este puso en claro las condiciones de abandono y miseria de los archivos, así como la destrucción de muchos de ellos.
Entre 1983 y 1984 se llevó a cabo un programa municipal para modernizar los servicios documentales, mientras el Archivo General de la Nación ponía a prueba el proyecto denominado “Vamos a levantar nuestra historia del suelo”. Su eje principal fue recuperar y organizar los acervos que no se habían rescatado en la década anterior.
Como resultado de dicho proyecto, entre 1983 y 1993, catorce estados de la República fueron beneficiarios del programa, entre ellos Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
Posteriormente, el Archivo General de la Nación llevó a cabo otras acciones en coordinación con diversos organismos de apoyo, como el programa “Memorias del Mundo” de la UNESCO y la constitución del fideicomiso “Preservación de la Memoria de México”.
Personas y fondos que han dado vida al archivo
La organización del Archivo Histórico del Municipio de Chihuahua se debe principalmente a la doctora Estella María González Cicero, quien tiempo después tomó a su cargo la dirección del Archivo General de la Nación.
Para llegar a lo que es actualmente, el archivo contó, en diversas épocas, con el apoyo de los ayuntamientos a partir del que presidió el señor don Luis H. Álvarez. También participaron en su organización y servicio de consulta los distinguidos funcionarios Alfonso Escárcega, Zacarías Márquez y Raymundo Palacios, los tres ya fallecidos.
El texto histórico del archivo registra un acervo de más de 34,276 expedientes, distribuidos en los siguientes fondos:
- Colonial.
- Independencia.
- Invasión norteamericana.
- Reforma e intervención francesa.
- República restaurada.
- Porfiriato y terrorismo.
- Revolución.
- Reconstrucción.
- Cardenismo.
- Contemporáneo.
La legislación archivística en Chihuahua
Por muchos años, el estado de Chihuahua careció de un instrumento jurídico que regulara, en lo general, la administración de documentos públicos y estableciera las normas de planeación, dirección, control, producción, circulación, conservación y uso de la información documental.
Por ese motivo, la legislatura local expidió el 19 de julio de 1997 la Ley General del Sistema de Documentación e Información Pública del Estado de Chihuahua. Esta fue derogada al promulgarse la Ley Estatal de Archivos de 2013, sustituida a su vez por la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua publicada en el Periódico Oficial el 27 de febrero de 2021.
Archivos, transparencia y memoria colectiva
De acuerdo con el texto histórico original, la primera Ley General de Archivos fue promulgada por el Congreso de la Unión el 23 de enero de 2012. Incluyó temas de organización y gestión, y precisó dos aspectos de su campo de acción: el histórico y el relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas, como elementos fundamentales de una democracia abierta.
La administración pública recibió un impulso en esta materia a raíz de la Declaración Universal de Archivos, adoptada en la 36.ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO el 10 de noviembre de 2011, que concedió a los archivos el carácter de patrimonio cultural y de memoria del mundo.
Estos acuerdos constituyeron un antecedente para que la Cámara de Diputados expidiera en 2018 la nueva Ley General de Archivos, con el propósito de garantizar la organización y preservación de los archivos, consolidar el respeto a la verdad y el acceso a la información pública, y fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la nación y el derecho a la cultura.
Entre los aspectos destacados de esta ley se encuentran los principios de homogeneización de los archivos de los sujetos obligados y la creación de organismos responsables, como el Consejo Nacional de Archivos de la Nación y el Sistema Nacional de Archivos.
El proyecto también incluyó conceptos como el de gobernanza, entendido como un reflejo de las democracias transparentes y como un procedimiento para el buen manejo de los gobiernos mediante relaciones horizontales entre una pluralidad de actores públicos y privados.
Esta relación de integración e interdependencia se vinculó con las propuestas de las Naciones Unidas, la Alianza para el Gobierno Abierto y la Carta Internacional de Gobiernos Abiertos.
La Ley General de Archivos asumió la responsabilidad de garantizar el principio de transparencia al considerar pública y accesible la información de los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados, en los términos de la legislación sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, sin discriminación.
El derecho a la información fue considerado parte integral de los gobiernos democráticos y como respuesta a la necesidad social e histórica del pueblo mexicano de preservar su memoria colectiva mediante los archivos. De esta manera, los archivos se convierten en una garantía de la gobernanza y en un eje estratégico para la toma de decisiones y la construcción de gobiernos abiertos.
En Chihuahua, el texto original sitúa la Ley de Archivos de 2013 tres años antes de la creación de la Ley de Transparencia. Aquella fue abrogada para dar paso a la nueva ley de 2021.

